El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha dado luz verde a una solicitud de extradición del empresario venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado, cuyo nombre resuena en los pasillos del poder y en los muelles de los puertos petroleros venezolanos.
La Sala Penal del TSJ, bajo la batuta de la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, no perdió tiempo en examinar el expediente que llegó a sus manos el 18 de julio. Según Cuentas Claras Digital, En un lapso de apenas cinco días, la balanza de la justicia se inclinó hacia la aprobación de la solicitud, poniendo en marcha un proceso que busca llevar de vuelta a Venezuela a D’Agostino Casado desde tierras españolas.
El empresario, cuya sombra se proyecta larga sobre el escándalo bautizado como “Pdvsa Cripto”, se encuentra en el ojo del huracán por su presunta participación en una trama digna de un thriller de espionaje. La acusación: orquestar la desaparición de buques cargados con el oro negro venezolano, burlando sanciones internacionales y dejando un reguero de interrogantes a su paso.
La orden de captura que pende sobre D’Agostino Casado, emitida el 12 de mayo de 2023, no es peccata minuta. El catálogo de presuntos delitos lee como un compendio de alta criminalidad económica: tráfico y comercio ilícito de recursos estratégicos, legitimación de capitales, asociación y contrabando agravado. Un cóctel explosivo que, de probarse, podría sellar el destino del empresario por años.
Pero D’Agostino Casado no es un lobo solitario en esta cacería judicial. El Ministerio Público venezolano ha lanzado sus redes sobre un grupo de 19 individuos, a quienes señala como miembros de una estructura delictiva organizada que supo sacar tajada de las sanciones impuestas a Venezuela. En este entramado, dos nombres más brillan con luz propia junto al de D’Agostino: el coronel Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni.
La acusación de los fiscales venezolanos pinta un cuadro de corrupción a gran escala. Según sus investigaciones, el coronel Pérez Suárez habría sido el receptor de una lluvia de dólares, más de 100 millones para ser exactos, provenientes de las arcas de D’Agostino y Bazzoni. El propósito de este maná financiero: aceitar los engranajes para la carga de buques gestionados por el bróker Erick Roveta.
El intrincado esquema de evasión y los actores clave en el escándalo petrolero
El modus operandi de esta red de tráfico petrolero revela una sofisticación digna de las más elaboradas tramas de corrupción. El esquema pivotaba en torno a la adquisición de navíos en el ocaso de su vida útil, verdaderos fantasmas marítimos que se convertían en piezas clave de un juego de ilusionismo a escala global. Los transpondedores AIS, ojos electrónicos que permiten rastrear embarcaciones, eran silenciados, mientras una cascada de documentos falsificados borraba todo rastro de la verdadera identidad de estos buques nómadas.
Una vez cargados con el preciado crudo venezolano, estos barcos Lazarus experimentaban una metamorfosis inversa, recuperando su identidad original como por arte de magia. Así, burlaban los registros venezolanos, deslizándose entre las grietas de la vigilancia internacional.
En este tablero de ajedrez geopolítico, cada pieza juega un papel crucial. Francisco Javier D’Agostino Casado, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2021, no es un neófito en el mundo de los negocios de alto voltaje. Su nombre ya resonaba en los pasillos de la controvertida empresa eléctrica Derwick Associates antes de ser señalado como uno de los cerebros de esta operación.
Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, emergió como el insider perfecto. Su posición le permitía manejar los hilos de la asignación de cargas de crudo con discrecionalidad olímpica. La empresa fachada United Petróleo Corp se convirtió en su caballo de Troya particular.
El trío se completa con Alessandro Bazzoni, un empresario italiano también bajo la lupa de la OFAC desde 2021. Bazzoni, un verdadero prestidigitador del comercio de crudo, tejió una red de empresas que actuaban como conductos para el tráfico ilícito de petróleo. Su obra maestra: la creación de United Petróleo Corp junto a Pérez Suárez, un espejismo corporativo que se hacía pasar por una subsidiaria del gigante chino SINOPEC.
Este trampantojo empresarial les permitía adquirir crudo a precios irrisorios para luego revenderlo al valor de mercado, generando ganancias de proporciones bíblicas. La lista de cómplices se extiende como una telaraña global, incluyendo a Héctor Gonzalo Núñez Troyano, Luis Salvador Velásquez Rosas, Benjamin Waters, Carlos Gilberto Vieira Hernández, y Joaquín Leal Jiménez, entre otros.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano no se ha quedado de brazos cruzados. Entre 2023 y 2024, ha lanzado una ofensiva de solicitudes de extradición que incluye a Uneza Tahir Lakhan desde los Emiratos Árabes, Erick Robeta desde Grecia, y Jesús Alfredo Vergara Betancourt desde España. Cada uno de estos individuos representa una pieza del rompecabezas que las autoridades venezolanas están empeñadas en completar.
