The Washington Post confirmó en el año 2021 una denuncia que había realizado la periodista Patricia Poleo meses antes. Los funcionarios de Guaidó Javier Troconis y Fernando Blasi-Blanchard son acusados de corrupción por presuntamente intentar cobrar al menos 750 mil dólares y una comisión compartida por rescatar activos de Venezuela en el exterior.
¿Quién es Javier Troconis?
Fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) como integrante de la junta directiva de Citgo Holding Inc, en febrero de 2019. Al día siguiente, el fiscal designado por la ANC/TSJ acusó a Troconis y a la junta directiva y anunció que el MP abriría una investigación.
Meses después, en septiembre de 2019, el contralor de Maduro, Elvis Amoroso señaló a Troconis por usar la empresa T&C Services y haber sido contratado por Rafael Ramírez «para desfalcar al país». «Ha recibido 187 millones de dólares para la empresa de él que fue puesta por Rafael Ramírez”, denunció Amoroso al referirse a Troconis.
En julio de 2020, Troconis se pronunció por el caso del lote de 81 vehículos incautados por autoridades de aduana de EEUU. Sus palabras coincidieron con la aprobación de la Ley para la recuperación de activos del Estado venezolano en el exterior por parte de la AN.
¿Quién es Fernando Blasi-Blanchard
Según su cuenta en Twitter, era, al momento de destaparse el escándalo, Director de Asuntos Comerciales de la Embajada de Venezuela en EEUU, nombrada por Juan Guaidó.
Su hermano, Magin Eduardo Blasi-Blanchard habría sido el responsable de cobrar 750.000 dólares para adjudicarse el contrato.
¿Quiénes son los otros involucrados?
Magin Eduardo Blasi-Blanchard, José Ignacio Hernández González y Luis Augusto Pacheco Rodríguez también forman parte de la «red criminal» impulsada por Guaidó, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en septiembre de 2020.
¿Qué dijeron Troconis y Blasi?
The Washington Post reveló a través de más de 20 entrevistas y varios documentos, la denuncia realizada por los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar. Ambos identificaron activos de Pdvsa en El Caribe por el orden de 40 millardos de dólares, que podían ser «expropiados» por la administración de Juan Guaidó. Entre los activos se encontraban mansiones lujosas y carros de lujo. Tras conocer la información, Guaidó mostró interés en abril de 2018, lo que llevó a más de 12 reuniones con los empresarios. En diciembre de 2018, ambos empresarios aseguran haber recibido una carta de una empresa propiedad de Magin Eduardo Blasi-Blanchard, que los dejó en «shock». Exigía un pago por adelantado de 750 mil dólares y compartir la comisión de 18% que habían acordado por el rescate de los activos.
Los Magin intentaron presentarse luego como víctimas, negando las acusaciones y asegurando que descubrieron un caso de fraude en el que estaba involucrado el empresario que reside en Miami Jorge Reyes, por lo que rechazaron el acuerdo inicial. Sin embargo, su versión no consiguió convencer a muchos.
