A un amigo no se le niega un favor. Pero hay favores y amigos que te pueden llevar a la cárcel.
Así pasó en la amistad declarada, acaso sincera, entre Samark José López Bello, hoy de 49 años de edad, y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, de 45.
Reiter, Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, durante la gestión roja-rojita de Rafael Ramírez Carreño, pasa sus días en España, donde ha sido detenido dos veces, en 2017 y 2023. Ahora se mantiene a disposición de las autoridades españolas mientras aguarda el desenlace de las peticiones de extradición que han formulado órganos de justicia de Estados Unidos y Venezuela.
López, un proveedor distinguido del Estado chavista, fue arrestado esta semana en Venezuela como presunto partícipe del caso de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto. En la misma operación policial fueron capturados el exgobernador del estado Aragua, exministro de Petróleo y exvicepresidente de la República, Tareck El Aissami, así como Simón Zerpa, exministro de Finanzas y exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, entre otros cargos. Todos fueron imputados por “traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir” y presentados este jueves ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo, que decidió imponerles medidas de privación de libertad.
A menudo asociado a El Aissami como testaferro, proxy o cómplice según los señalamientos de distinto tenor que se le han hecho, Samark López no es ajeno ni a los tribunales ni a las sanciones internacionales. Se le busca por actividades de narcotráfico en Estados Unidos. También en cortes de este país tuvo la audacia de cuestionar –-sin éxito–- las sanciones y cargos en su contra. A través de sus abogados argumentó ante un juez que no cumplía con los supuestos para ser penalizado bajo la llamada Ley de Cabecillas de 1999 (o Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, en inglés). En su fallo para desechar la moción, el titular del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, relataba que López Bello “inscribió a sus hijos en escuelas de Estados Unidos, tuvo propiedades en Estados Unidos, y vivió una vida suntuosa aquí”. A su manera y escala, Samark López se convirtió en una celebridad del sistema de justicia de Estados Unidos.
Pero de forma simultánea, aunque con un perfil público más bajo, las autoridades de Portugal también le investigaban. López aparece en el amplio reparto de personajes del caso por los sobornos que la alta gerencia del desaparecido Banco Espirito Santo (BES) pagó a funcionarios venezolanos, por los cuales la Fiscalía portuguesa presentó cargos en octubre del año pasado (ya había hecho antes otras imputaciones, en 2020, pero en relación a las irregularidades administrativas en el banco que comportaban cargos penales). En los expedientes del caso, que el diario Expresso de Lisboa obtuvo y compartió con Armando.info para su consulta, los fiscales describen a Samark López, citando a su vez un documento interno de verificación y cumplimiento (llamado KYC o Know your client, en el inglés del léxico bancario) del propio BES, como “un consultor en las industrias de petróleo, electricidad y construcción” en Venezuela.
Lo curioso es que en esta causa figura como un personaje menor, de segunda línea, entre algunos prestanombres y facilitadores desconocidos. Y eso porque en la trama solo le hacía una gentileza a un amigo: se dejó identificar como beneficiario de una empresa que únicamente servía como canal para que el BES pagara coimas a un compinche. El compinche era Rafael Reiter, Rafa.
Antes de la catástrofe
Las numerosas irregularidades administrativas que finalmente llevaron al colapso e intervención del Banco Espirito Santo y todo su grupo de empresas en 2014, datan de mucho antes de esa catástrofe financiera. La entidad, segundo banco más grande y el de más larga historia en Portugal, enfrentaba problemas de liquidez desde poco después de la crisis financiera de 2008. Pero antes de enfrentar su agonía, la alta gerencia del banco, encabezada por su presidente, Ricardo Salgado, un integrante de las cinco familias herederas de la institución, quiso buscar y encontró un salvavidas en el régimen chavista de Venezuela.
Ese 2008, Salgado viajó a Caracas como parte de la comitiva oficial del premier portugués, José Socrates, que dispensaba una visita oficial. Allí construyó una red de contactos de alto nivel en el gobierno de Hugo Chávez, del que pronto empezaron a fluir montos colosales para las bóvedas del BES. Pdvsa misma, así como otros organismos oficiales como el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), el Banco Nacional para el Desarrollo Social (Bandes) o Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), no solo hicieron depósitos gigantescos en el banco, sino que le compraron papeles de deuda valorados en 3.400 millones de dólares y le llegaron a tener como garante de sus compras de bienes y servicios en el exterior. De este modo, el Espirito Santo consiguió por cinco años, hasta 2014, reflotar su negocio ante una bancarrota siempre inminente.
La sinergia entre Pdvsa y el banco portugués se estrecharía tanto que, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2011, la petrolera estatal “transfirió al BES la operativa de sus transacciones internacionales, el cobro de facturas y el pago de bienes y servicios, hasta entonces domiciliados en JP Morgan y BNP [Paribas]”, según se lee en el legajo de la fiscalía portuguesa.
Pero no había que llamarse a engaño: si el Estado venezolano contrataba los servicios del banco portugués no era en reconocimiento de su óptima atención al cliente o de sus condiciones ventajosas. En realidad, era el resultado de los sobornos y comisiones que el BES empezó a pagar a un grupo de funcionarios en Venezuela hasta alcanzar un monto total no menor a 124 millones de dólares.
“Para pagar las ‘comisiones’ corruptas, se estableció un intrincado esquema de pagos periódicos a ciertos elementos con poder de decisión y/o influencia en las decisiones de estos organismos públicos venezolanos cuyos importes pagados se calculaban trimestralmente en función de los negocios realizados entre BES y las empresas públicas venezolanas a las que pertenecían los funcionarios públicos corruptos”, describe el expediente judicial del caso, que incluye casi 900 páginas de imputación y otras 19.000 sobre la investigación conexa. Los fiscales consiguieron constatar que, para calcular los pagos que se hacían, el BES llegó a diseñar un algoritmo.
Calcular las comisiones a partir de variables como el monto de las operaciones comerciales con clientes estatales venezolanos o “las operaciones cambiarias realizadas por sala, las operaciones de Pdvsa, así como las operaciones de fondeo tanto por depósitos en BES [el banco] como inversiones que se realizaron en el GES [el grupo financiero anexo]”, no era lo único complejo. También lo era hacer llegar los pagos a sus destinatarios, decenas de funcionarios públicos, sin dejar rastros. Estos pagos premiaban a las cabezas de organismos estatales venezolanos que mantuvieran el flujo de dinero público hacia el BES. Los sobornos y comisiones con los que se les retribuía se enviaban a través de una red capilar de empresas de estante o de maletín, cuyos propietarios se asignaron entre una nube de prestanombres venezolanos (con frecuencia, cónyuges, familiares o amigos de los sobornados).
La mayoría de esas empresas que sirvieron de vehículos para pagar a los funcionarios en Venezuela, quedaron constituidas en Panamá por el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), por órdenes de Paulo Murta y Michael Ostertag, como se reseña en la filtración de los llamados Pandora Papers, una cobertura especial que en 2022 reunió al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 117 medios de todo el mundo.
Ambos ejecutivos, Ostertag y Murta, encabezaban una operación de gestión de activos y servicios offshore llamada, primero, Gestar y, luego, ICG International Services, con sedes en Suiza y Dubai, que funcionaba como un apéndice del Espirito Santo. Seguían instrucciones de Salgado y de Joao Alexandre Silva, Director de Negocios Internacionales y Banca Privada del BES y gerente de su sucursal en la isla de Madeira, quien entretanto había quedado a cargo de las relaciones con sus interlocutores venezolanos. Pero era Murta, en particular, quien gustaba de viajar con frecuencia a Caracas y sostener reuniones con los venezolanos del esquema en el hotel Renaissance de la avenida principal de La Castellana.
En una esquina de la red de empresas dirigida por Murta aparecía entonces Safeleader Investments LLC, una compañía constituida en 2010 en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal del Caribe.
Cuánto vale un nombre
En 2010, el joven Rafael Reiter ya acumulaba méritos en la administración chavista. O un prontuario, según fuera el punto de vista.
Si formalmente dentro de Pdvsa ocupaba el puesto de Gerente de Seguridad y Control de Pérdidas, en la práctica Reiter se había convertido en escolta y asistente personal de Rafael Ramírez Carreño, ministro de Energía y Petróleo entre 2002 y 2014, y presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014. Como su mano derecha, también hacía de portero para el acceso al todopoderoso Ramírez, hoy disidente del chavismo y residente en Italia. Quien quisiera llegar a este, debía persuadir a Reiter para que le franqueara el paso. Así lo entendió el BES, que le engrasó la mano.
Un RR, las iniciales del por mucho tiempo presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, confiaba sus trámites más secretos a otro RR, Rafael Reiter. Crédito: Juan Barreto/AFP
Reiter estuvo involucrado en 2007 en el denominado caso de la valija con 800.000 dólares en efectivo destinada a la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner e interceptada en el Aeroparque Jorge Newberry de Buenos Aires. Hubo versiones que lo implicaban también en la trama de pagos irregulares a burócratas y operadores venezolanos a través de la Banca Privada de Andorra.
En abril de 2023, fueron dados a conocer supuestos documentos judiciales según los cuales Reiter, a cambio de una eventual inmunidad en un juicio penal que se le seguía en Houston, se mostraba dispuesto a prender el ventilador y brindar testimonio para delatar a Rafael Ramírez; una posible traición que, sin embargo, resulta poco factible pues son contados en Estados Unidos los casos criminales en los que se haya otorgado inmunidad total. Además, los abogados de Reiter, que en 2023 cuestionaron la jurisdicción de Texas, aseguraron que su representado nunca acordó prestar declaración contra Ramírez.
Pero, en cualquier caso, aquella cercanía de 2010 entre los dos Rafaeles, Reiter y Ramírez, “contribuyó a acelerar la realización de negocios entre BES y Pdvsa” en los años que duró la trama, según relata la fiscalía portuguesa.
El Espirito Santo le pagaba a Reiter a través de Safeleader, la empresa de Islas Vírgenes Británicas. Paulo Murta la había hecho registrar “teniendo como beneficiario formal al venezolano Samark José López Bello, amigo de Rafael Reiter”.
“Paulo Murta tenía plena conciencia sobre cuál era el verdadero beneficiario de la sociedad [Reiter] (…) [y] a pesar de tener cabal conocimiento de que no correspondía a la verdad, envió a Humberto Coelho un documento .pdf fechado el 22.10.2010 que contenía ‘el posible KYC del cliente’”, con datos de López Bello, indica el documento de imputación en Lisboa.
Parece probable que Reiter y López se hayan encontrado en alguna ocasión de esas en las que pescadores de oportunidades coqueteaban con Ramírez y la cúpula de la industria petrolera.
Aunque Samark López empezó a darse a conocer al público por el seguimiento periodístico a sus negocios con los que importó desde alimentos y casas prefabricadas hasta arbolitos de navidad, temprano plantó bandera en el gran rubro venezolano, la explotación y comercialización del petróleo, usando fachadas corporativas como Oryx Resources.
Ya antes el joven economista, egresado en 2001 de la Universidad Central de Venezuela (UCV), había dado muestras de su inclinación por hacer amistades peligrosas. Fue durante su periodo como Director de Planificación en la gobernación del estado Mérida, en Los Andes del suroccidente de Venezuela, bajo la gestión del exmilitar chavista Florencio Porras (2000-2008). Aunque salió del cargo con las tablas en la cabeza, entonces fue cuando trabó amistad con un pujante presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA), de nombre Tareck El Aissami.
Para hacer las transferencias a Safeleader y las otras empresas falsas creadas como vehículos de recepción de las coimas, el BES estructuró también una red de empresas propias, pero sin actividad real, desde las cuales mandaba el dinero a los venezolanos y con las que también los propios directivos del BES llegaron a lucrarse. El esquema, entre 2009 y 2012, funcionaba haciendo transferencias desde empresas con cuenta del Grupo Espirito Santo en Dubai.
Luego, tras cuestionamientos de las autoridades de ese emirato árabe sobre la falta de documentación que respaldara el origen de los fondos y la transparencia de los clientes, fueron cerradas y sus activos movilizados a otras jurisdicciones. Los siguientes pagos se hicieron desde cuentas asociadas al Grupo Espirito Santo en Suiza, Macao y Madeira.
Fue una migración que Safeleader tuvo que hacer. En 2011 la empresa de Islas Vírgenes abrió una cuenta en el Espirito Santo de Dubai bajo el número 600435. Pero después de la intervención de las autoridades de supervisión financiera de Dubai, la cuenta fue trasladada “sin costo” a la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES en Madeira, bajo la tutela de Joao Alexandre Silva.
Pese a que Safeleader fue creada en 2010, su cuenta permaneció inactiva hasta recibir en febrero de 2013 un depósito de Espirito Santo por 500.000 dólares, sin otro justificativo o respaldo documental que la mención a un préstamo.
Tanto en la primera como en la segunda etapa de la cuenta, formalmente el beneficiario final de Safeleader Investments siguió siendo Samark López. Solo unos pocos sabían que en realidad la empresa canalizaba pagos para Rafael Reiter. Por ejemplo, se lo confiaron entre sí Paulo Murta y el venezolano Abraham Shiera en una comunicación en la que, en 2012, coordinaban las diligencias que había que hacer para reactivar la estructura bancaria usada por Reiter.
Abraham Shiera Bastidas es un contratista que, junto al empresario zuliano Roberto Rincón Fernández, fueron condenados en 2016 en un tribunal de Texas por liderar otro esquema de pagos irregulares a ejecutivos de Pdvsa. Curiosamente, otro Abraham, pero de apellidos Ortega Morales, participó en las maniobras para reactivar la estructura de Safeleader. Ortega Morales fue Jefe de Financiamiento y Operaciones Internacionales de Pdvsa y, además, beneficiario de la trama con el BES. En la actualidad cumple condena en Estados Unidos tras declararse culpable en el caso de lavado de dinero conocido como Money Flight.
Otro mensaje de correo electrónico escrito precisamente por Ortega, que la investigación de la fiscalía portuguesa encontró, ratifica el involucramiento suyo y de Reiter en la trama. Decía: «Hermano. El Portugués [Paulo Murta] me está pidiendo un recibo de algún servicio [un recaudo común para las actividades de KYC que se hacen al abrir una cuenta bancaria]. Para hacer algo necesito de [sic] copia de pasaporte o cédula, un comprobante de residencia (agua, teléfono u otro) y un memo en relación a [sic] la actividad personal. Gracias y saludos”. Ese mensaje iba dirigido en 2012 a Rafael Reiter, llamado Rafa o Nadal en las conversaciones entre los funcionarios de Pdvsa involucrados en el esquema y los directivos del BES.
La industria petrolera venezolana, simbolizada por esta escultura frente a la sede de Pdvsa en Caracas, financió por cinco años los malos manejos del BES. Crédito: Luis Robayo/AFP
En la cuenta reactivada de Safeleader la fiscalía portuguesa identificó al menos tres transferencias que sumaban cuatro millones de dólares: una por dos millones, otra por 1,5 millones y la inicial por 500.000 dólares. Todas provenían de las empresas fachada con cuentas creadas para tal fin por la directiva del BES.
Con parte del dinero recibido, Safeleader, o sea, Rafael Reiter, adquirió en 2013 una emisión de papeles de Espirito Santo Financiere, otra compañía del conglomerado portugués. Espirito Santo pronto reembolsó la inversión a Safeleader, con 3,5% de interés anual.
Los investigadores del Ministerio Público constataron una participación adicional de López en el entramado, pero que ya no tenía que ver con Reiter, sino con otro amigo: Javier Alvarado Ochoa.
En efecto, a instancias del BES y a través de Murta, otra empresa, de nombre Westwork Holdings S.A., fue registrada en febrero de 2014 Panamá por el bufete Alcogal, con un capital de 10.000 dólares. La empresa, que ICG (Murta y Ostertag) siguió controlando a través de una filial en Belize, abrió una cuenta en el BES de Madeira. Y su beneficiario final era otra vez Samark López.
A partir de Westwork Holdings comenzó un proceso que terminó en la compra de un apartamento en Lisboa por 585.000 euros. Según las investigaciones, el comprador tras bambalinas era Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, la compañía designada por Pdvsa para hacer sus compras en el extranjero, y exviceministro de Desarrollo Energético en el gobierno de Hugo Chávez.
En ese proceso, Westwork Holding primero designó en 2014 a Paulo Murta como uno de sus apoderados y este, a su vez, giró instrucciones a una pariente abogada, Carla Murta, para completar en Portugal la creación y registro de una nueva empresa, Work Change Unipessoal Lda, en 2016.
Fue esta empresa la que recibió la transferencia de 585.000 dólares para la compra del apartamento en Lisboa. El dinero venía de otra persona jurídica del catálogo de Murta, Constellation Ventures S.A., una compañía constituida en 2011 en Panamá y nominalmente controlada por Michael Ostertag desde ICG pero cuyo beneficiario último resultaría ser Alvarado Ochoa. “La sucesión de entidades interpuestas para el negocio, denuncia el propósito de ocultar a su verdadero beneficiario, Constellation Ventures, y tras él a Javier Alvarado Ochoa. Estos hechos avalan la apreciación de que el inmueble en cuestión fue adquirido con el producto del delito de corrupción de Javier Alvarado Ochoa”, escriben los fiscales en el pliego acusatorio.
Seis ejecutivos portugueses del BES esperan ahora por el juicio derivado de las coimas en Venezuela. Ricardo Salgado está de nuevo entre los acusados, con 20 cargos de corrupción en perjuicio del comercio internacional y 21 de blanqueo de activos. Pero los venezolanos que afloraron en la investigación, y cuyos nombres quedaron registrados en el legajo de la acusación fiscal, no fueron imputados, bien porque se consideró que sus delitos no fueron cometidos en territorio portugués o porque no se contó con pruebas suficientes.
En su actual confinamiento en la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, el cuartel del Ejército en el suroeste de Caracas, parece probable que, mientras repasa la cadena de acontecimientos que le hicieron caer en desgracia junto a su mentor, Samark López concluya que, sí, hay favores y amigos que te pueden llevar a la cárcel.
*Este reportaje se hizo con ayuda de Micael Pereira, desde Lisboa, y de Isabel Guerrero, desde Caracas.
