Detalles de un complejo entramado de corrupción en el sector petrolero venezolano-estadounidense salió a la luz en 2020, sacudiendo, una vez más, los cimientos de CITGO y PDVSA. El caso, que involucró a figuras como el exfuncionario José Luis De Jongh-Atencio, reveló una red de sobornos y lavado de dinero que operó durante años. Contratistas como Gonzalo Morales Divo, José Manuel González Testino, Tulio Aníbal Farías, Pietro Micale, Manuel Chinchilla Da Silva y Ángel Rodríguez, se vieron implicados en un esquema que desviaba millones de dólares a través de empresas fachada y paraísos fiscales.
El exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, enfrentó un “juicio de banco” (“Bench Trial”) en enero de 2021, según había establecido en 2020 el magistrado estadounidense para el Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller. En este tipo de proceso judicial, a diferencia de los juicios convencionales, no hay jurado. Es el juez quien asume la responsabilidad de tomar las decisiones de procedimiento, escuchar las pruebas presentadas y, finalmente, dictaminar sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, como si fuera un jurado.
De Jongh-Atencio, ciudadano con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, se encontraba en el centro de una tormenta legal, acusado por el gobierno de Estados Unidos de orquestar una intrincada trama de lavado de dinero. La acusación formal, aprobada por un gran jurado federal el 16 de julio de 2020, constaba de seis cargos que detallaban cómo De Jongh-Atencio utilizó su posición para asegurar contratos de manera corrupta, tanto para CITGO como para PDVSA, en beneficio de otros conspiradores.
La madeja de corrupción que se desenredaba ante la justicia estadounidense revelaba, según la acusación, que entre 2013 y 2019, De Jongh-Atencio había aceptado más de 2,5 millones de dólares en sobornos. Estos pagos provenían de contratistas como José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, entre otros, quienes buscaban obtener contratos inflados con CITGO y PDVSA. Estos dos empresarios, González Testino y Farías Pérez, ya se habían declarado culpables de infringir las leyes estadounidenses contra el soborno y otros cargos relacionados con la trama, admitiendo su participación en el esquema.
Tras una audiencia el 6 de agosto de 2020, donde sus abogados solicitaron una fianza de 2 millones de dólares, De Jongh-Atencio, quien trabajó en la subsidiaria del grupo de proyectos especiales de PDVSA, con sede en Houston, fue liberado bajo fianza el 11 de agosto del mismo año. La libertad, sin embargo, le fue concedida con una condición: la prohibición de abandonar el territorio estadounidense.
Pagos ilícitos y bienes raíces en Texas
El Departamento de Justicia expuso que el exfuncionario de la petrolera venezolana no se limitó a recibir dinero en efectivo. La acusación detallaba que De Jongh-Atencio había orquestado que los pagos ilícitos se canalizaran a través de cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma, ubicadas estratégicamente en paraísos fiscales como Panamá y Suiza. Como si se tratara de una operación de película, las ganancias obtenidas de esta manera eran posteriormente “lavadas” a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Pero el destino final del dinero, según las autoridades, no era otro que el mercado inmobiliario de Texas. El Departamento de Justicia informó que la mayor parte de los fondos obtenidos a través de este esquema de corrupción se destinó a la adquisición de bienes raíces en el estado sureño. La acusación iba más allá del dinero, alegando que De Jongh-Atencio también había recibido “regalos” de los empresarios involucrados. Estos obsequios incluían entradas para eventos deportivos y conciertos, una forma de mantener aceitada la maquinaria de la corrupción.
La acusación del Departamento de Justicia, sin embargo, no abarcaba la totalidad del entramado corrupto. No se mencionaban todos los asociados a la conspiración ni la totalidad de las empresas que habían participado en el pago de sobornos. Se especulaba sobre la existencia de una red mucho más amplia, un emporio de riquezas construido sobre negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las gestiones de Alejandro Granado y Nelson Martínez.
Dentro de la estructura, se señalaba que muchos cómplices, ubicados en Miami y Houston, habrían colaborado con De Jongh-Atencio en la compra de propiedades a través de compañías fachada.
Testigos clave y empresas fantasma
Fuentes internas de CITGO, en aquel entonces, filtraron información que apuntaba a que De Jongh-Atencio recibía órdenes directas de Nelson Martínez, quien para entonces fungía como CEO de la compañía, y de José Luis Zambrano, este último ya detenido en Caracas para esa fecha. Se perfilaba así una jerarquía en la trama de corrupción, donde De Jongh-Atencio actuaba como un engranaje clave.
Además de González Testino y Farías Pérez, la red criminal incluía a otros contratistas. Entre ellos, figuraban nombres como Pietro Micale, Manuel Chinchilla Da Silva y Ángel Rodríguez. Estos individuos, según se reportó, operaban a través de una serie de empresas de fachada, una práctica común en este tipo de esquemas para ocultar el rastro del dinero. Entre las compañías mencionadas se encontraban Rothwell Energy, ICTS, Petroleum Logistics, DanelCorp., EcoWire, SPS, Stang Industrial Products, Ventex, Drill Corp y Lexington Tech.
Un documento presentado como parte del expediente judicial revelaba que De Jongh-Atencio también aparecía como receptor de sobornos en otros dos casos: el del contratista Gonzalo Morales Divo (caso sellado #19-cr 001148) y el de Laymar Peña Torrealba (Caso No. 19-cr-186). Morales Divo, se había declarado culpable de conspirar con su asociado, José Manuel González Testino, en la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y se sabía que estaba colaborando activamente con la justicia estadounidense. De hecho, su caso se había mantenido bajo sello desde el inicio del proceso, una señal de su cooperación.
Peña, González Testino, Morales Divo y Farías Pérez, todos ellos, se encontraban a la espera de sus respectivas sentencias. Los rumores en los pasillos judiciales sugerían que González Testino, Farías Pérez y, posiblemente, Peña, serían llamados a testificar en el caso contra De Jongh-Atencio, un giro que podría arrojar aún más luz sobre la intrincada red de corrupción.
